Hola, muy buen aporte. Coincido en que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) no se distribuyen de manera equitativa, lo cual ha sido reconocido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático mediante el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esta desigualdad se refleja claramente en las cifras actuales: los países del G20 concentran cerca del 77 % de las emisiones globales y solo China, Estados Unidos e India generan más de la mitad de las emisiones mundiales.
En cuanto a los sectores dominantes, los datos internacionales muestran que la mayor parte de las emisiones proviene de la energía en sentido amplio. La generación de electricidad y calor representa alrededor del 34 % de las emisiones, la industria aporta un 24 %, la agricultura y el cambio de uso del suelo un 22 %, el transporte un 15 % y los edificios un 6 %. Esto significa que más del 60 % de las emisiones globales se asocian directamente al uso y transformación de la energía. En Argentina, el Inventario Nacional de GEI confirma tendencias similares y, si se observa el caso de Mendoza, destacan el sector energético vinculado al petróleo y gas, el transporte y la agroindustria, especialmente la vitivinicultura.
Respecto a los gases que predominan, se mantiene la centralidad del dióxido de carbono (CO₂), el metano (CH₄) y el óxido nitroso (N₂O). En Argentina, los valores actualizados indican que el CO₂ representa un 45,8 %, el CH₄ un 34,4 % y el N₂O un 13,2 %. A nivel global, las estimaciones señalan que el CO₂ ronda entre el 72 % y 76 % de las emisiones, el CH₄ entre un 16 % y 21 % y el N₂O entre un 4,8 % y 6 %, mientras que los gases fluorados completan el resto con aproximadamente un 2 % a 3 %. Aunque el metano y el óxido nitroso son menos abundantes, su potencial de calentamiento global es mucho mayor, lo que explica que el Pacto Climático de Glasgow (COP26, 2021) haya establecido el compromiso de reducir las emisiones de metano en un 30 % para 2030.
La contribución de los países depende en gran medida de su estructura económica. Los que dependen de los combustibles fósiles o tienen grandes sectores agroindustriales suelen emitir más. China, por ejemplo, fue responsable de cerca del 35 % de las emisiones globales en 2023, mientras que Argentina aplica un impuesto al carbono sobre ciertos combustibles fósiles como medida de mitigación. En el caso de Mendoza, la dependencia de la energía y el transporte, sumada al peso de la agroindustria, explican la relevancia de estas actividades en el inventario provincial de emisiones.
Finalmente, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas sigue siendo clave en la acción climática. Ya estaba presente en el Protocolo de Kioto de 1997, que exigía reducciones de emisiones a los países industrializados, y se mantiene en el Acuerdo de París de 2015, donde los compromisos nacionales se combinan con apoyo financiero y tecnológico hacia los países en desarrollo. En este marco, la adhesión de Argentina a la CMNUCC en 1993 sentó las bases de su política climática, y aunque no se haya citado textualmente el Artículo 3.1, la noción de equidad y responsabilidad diferenciada es un pilar que justifica tanto el liderazgo de los países desarrollados como la necesidad de acompañar a los países con menor capacidad técnica y financiera en la lucha contra el cambio climático.
En cuanto a los sectores dominantes, los datos internacionales muestran que la mayor parte de las emisiones proviene de la energía en sentido amplio. La generación de electricidad y calor representa alrededor del 34 % de las emisiones, la industria aporta un 24 %, la agricultura y el cambio de uso del suelo un 22 %, el transporte un 15 % y los edificios un 6 %. Esto significa que más del 60 % de las emisiones globales se asocian directamente al uso y transformación de la energía. En Argentina, el Inventario Nacional de GEI confirma tendencias similares y, si se observa el caso de Mendoza, destacan el sector energético vinculado al petróleo y gas, el transporte y la agroindustria, especialmente la vitivinicultura.
Respecto a los gases que predominan, se mantiene la centralidad del dióxido de carbono (CO₂), el metano (CH₄) y el óxido nitroso (N₂O). En Argentina, los valores actualizados indican que el CO₂ representa un 45,8 %, el CH₄ un 34,4 % y el N₂O un 13,2 %. A nivel global, las estimaciones señalan que el CO₂ ronda entre el 72 % y 76 % de las emisiones, el CH₄ entre un 16 % y 21 % y el N₂O entre un 4,8 % y 6 %, mientras que los gases fluorados completan el resto con aproximadamente un 2 % a 3 %. Aunque el metano y el óxido nitroso son menos abundantes, su potencial de calentamiento global es mucho mayor, lo que explica que el Pacto Climático de Glasgow (COP26, 2021) haya establecido el compromiso de reducir las emisiones de metano en un 30 % para 2030.
La contribución de los países depende en gran medida de su estructura económica. Los que dependen de los combustibles fósiles o tienen grandes sectores agroindustriales suelen emitir más. China, por ejemplo, fue responsable de cerca del 35 % de las emisiones globales en 2023, mientras que Argentina aplica un impuesto al carbono sobre ciertos combustibles fósiles como medida de mitigación. En el caso de Mendoza, la dependencia de la energía y el transporte, sumada al peso de la agroindustria, explican la relevancia de estas actividades en el inventario provincial de emisiones.
Finalmente, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas sigue siendo clave en la acción climática. Ya estaba presente en el Protocolo de Kioto de 1997, que exigía reducciones de emisiones a los países industrializados, y se mantiene en el Acuerdo de París de 2015, donde los compromisos nacionales se combinan con apoyo financiero y tecnológico hacia los países en desarrollo. En este marco, la adhesión de Argentina a la CMNUCC en 1993 sentó las bases de su política climática, y aunque no se haya citado textualmente el Artículo 3.1, la noción de equidad y responsabilidad diferenciada es un pilar que justifica tanto el liderazgo de los países desarrollados como la necesidad de acompañar a los países con menor capacidad técnica y financiera en la lucha contra el cambio climático.