1) Es ampliamente reconocido que la industria de los hidrocarburos es una de las principales generadoras de GEI, por lo que su impacto en el cambio climático resulta significativo. Sin embargo, desde mi rol como asesora letrada en el sector público, considero que mi influencia es indirecta pero esencial. Como parte de la autoridad de aplicación y en funciones de fiscalización dentro de la provincia, mi aporte se materializa en diversas acciones: la elaboración de dictámenes que garantizan que los venteos de gas se ajusten a la normativa vigente, la aplicación de sanciones cuando corresponde y la capacitación profesional para abordar estos temas de manera responsable. Asimismo, resulta fundamental mi participación en la redacción de proyectos de actos administrativos que incorporan obligaciones específicas de cumplimiento para las operadoras, vinculadas directamente con la mitigación del cambio climático.
2) No, la responsabilidad frente al cambio climático no es equitativa y debe analizarse bajo el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Los países desarrollados han contribuido en mayor medida a la emisión de gases de efecto invernadero, por lo que su responsabilidad es proporcionalmente mayor. De lo contrario, no sería justo con los países en desarrollo, cuya participación en la generación del problema ha sido mucho menor, aunque igualmente deben asumir responsabilidades en la medida de su aporte. Del mismo modo, dentro de una misma sociedad, los sectores con mayores ingresos suelen tener una huella de carbono más elevada debido a sus patrones de consumo y movilidad, además de contar con mayores recursos económicos para adaptarse. Al contrario, los sectores más vulnerables, aunque también generan emisiones, son quienes sufren con mayor intensidad los efectos del calentamiento global, precisamente por su limitada capacidad económica de adaptación.
3) Mi contribución a la generación de GEI se manifiesta tanto en mi huella de carbono personal como en mi rol en el sector público, donde reconozco el potencial de reducir este impacto mediante una gestión más activa y profesional. Actualmente, para mitigar esta contribución estoy capacitándome para impulsar proyectos sostenibles y asegurar un asesoramiento jurídico que armonice el principio de buena administración con el derecho constitucional a un ambiente sano (Art. 41 CN), garantizando que la sostenibilidad prevalezca en la gestión pública. En el plano individual, refuerzo este compromiso mediante acciones concretas como el uso de transporte público, la eficiencia energética en el hogar y un consumo eléctrico responsable.