Se reafirma la interdependencia (compartir un conjunto común de principios con otros) y escalaridad entre territorio y hábitat; y entre el modelo de desarrollo, la política de ordenamiento territorial y las demás políticas con injerencia en la construcción del hábitat.
Se considera al hábitat adecuado como derecho ontológico, es decir como derecho a “ser o vivir” y como expresión territorial del buen (con) vivir; al Ordenamiento Territorial como el instrumento adecuado para la Planificación del Desarrollo Territorial Sostenible y a la Política de ordenamiento territorial como marco estructurante y transversal de las políticas públicas con injerencia territorial.
En función al análisis teórico elaborado se define al hábitat adecuado como: “El espacio donde el ser humano encuentra las oportunidades que le permiten alcanzar su plenitud de vida en reciprocidad y solidaridad con la comunidad”. Como factores que componen un hábitat adecuado se toman como base los definidos para una vivienda adecuada en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 4 cuya construcción, es decir la construcción del habitar, debe contemplarse desde una concepción democrática, comunitaria, participativa y bioplural.
El acceso a un hábitat adecuado como derecho ontológico de todo ser humano supone necesariamente la definición de mecanismos de accesibilidad universal al mismo, atendiendo las particularidades que le son propias a cada grupo social, comunidad y territorio. Para poder lograr este objetivo es necesario el cambio conceptual de las políticas públicas desde una visión sectorial enfocada en el “producto” (vivienda, escuela, centro de salud, etc.), hacia una visión integrada y transversal de la problemática social territorializada.
